Tomado de el tiempo.com
El supuesto teniente Alejandro Martínez Díaz le dio 30 minutos de plazo a una familia para consignar, el pasado lunes festivo, 6 millones y medio de pesos en un Pagatodo de Bogotá.
El desembolso, dijo, evitaría que Camilo fuera preso por atropellar a una mujer embarazada y llevar vencido el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).
‘Martínez’ sabía mucho. El teléfono fijo de la residencia de un familiar, la fecha de caducidad de la póliza y los datos, supuestamente confidenciales, que se entregan a la hora de comprar o renovar el Soat.
“Hagamos la diligencia lo más pronto porque mi capitán no demora en pasar revista, ¿correcto?”, dijo en medio del sonido de sirenas y de una frecuencia de radio. Y advirtió que la plata era para la mujer, que ya estaba siendo atendida en la Clínica Colombia.
Esta modalidad de estafa, en la que están cayendo decenas de personas, tiene un elemento clave: el Soat vencido del carrode la potencial víctima y el acceso a las bases de datos de su seguro.
“El accidente es falso. Pero juegan con su mente; sacan información de la dirección, del celular, de la familia. Hablan como policías y tienen todo”, asegura otra víctima que pagó 800.000 pesos, luego de que le dijeron que su esposa había atropellado a un menor y debía indemnizarlo para no ser denunciada.
Compraventa de datos
Varias modalidades delictivas con el Soat tienen en alerta al sector, en momentos en los que el Congreso avanza en un proyecto que le introduce polémicas modificaciones.
A este tipo de estafas atribuyen, en buena parte, que de los 4,2 billones de pesos que se recaudaron en 2019 por concepto de esta póliza, 1,7 billones se usaron para la atención de siniestros.
Personas del sector le dijeron a EL TIEMPO que hay una clara fisura en el manejo de datos del Registro Único Nacional de Transporte, Runt, y en aseguradoras, lo que permite acceder a información, a pesar de la protección de datos.
El subdirector de Tránsito y Transporte de la Policía, coronel José Gualdrón, admite que delincuentes pueden estar accediendo a bases de datos públicas, pero advierte que ciudadanos desprevenidos también facilitan información hasta en correos electrónicos.
Y en el gremio buscan evidencia de que empleados o intermediarios comercializan las bases de datos. Además, que la trampa se facilita porque el Soat lo venden hasta papelerías y gasolineras: “Además de la competencia desleal, violan el habeas data”.
En el caso de Camilo, es claro que se cruzó otra base de datos, para acceder al teléfono de su casa.
Julio Andrés Sánchez, gerente de Mercadeo y Fidelización de Seguros Mundial, de donde era la póliza de Camilo, fue enfático en que los intermediarios que trabajan con ellos firman acuerdos con políticas de seguridad de la información.
Sin embargo, no descartó que alguien, en una gasolinera, pueda tomar datos de un cliente y usarlos: “Pero son ajenos a nosotros”.
Para Miguel Gómez, presidente de Fasecolda, tiene que haber una estructura dedicada a buscar estos datos.
Las investigaciones
Por ahora, la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene indagaciones sobre violaciones a la política de privacidad (Ley 1581 de 2012), o por la venta ilegal de bases de datos.
Pero la Fiscalía ya judicializó a dos patrulleros que, con el conductor de una ambulancia, ingresaban a clínicas de Cali a falsos pacientes de accidentes de tránsito. En estos casos, se busca configurar conductas como concierto para delinquir, cohecho, estafa agravada y falsedad en documento.
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Y si bien Fasecolda promueve el respeto y la aplicación de la ley de protección de datos e invita a las aseguradoras y a las víctimas a denunciar, estas últimas no acuden a las autoridades. Algunos tendrían que explicar por qué accedieron a pagar para evadir una responsabilidad legal.
En efecto, cuando se tiene un accidente de tránsito y el Soat está vencido, se inmoviliza el carro y se impone una multa por $908.526 pesos. Y el conductor debe cubrir los gastos médicos de los afectados y responder ante la justicia penal si hay muertos.
En el caso de Camilo, este hizo los trámites para denunciar. Pero el coronel Gualdrón dijo que el teniente Martínez no existe y que las bases de datos de tránsito no las maneja la Policía.
El polémico proyecto
En el Gobierno y en el gremio de aseguradoras están a la expectativa por el proyecto de ley que modifica el Soat y que, en su criterio, pondría en riesgo recursos que alimentan el sistema de salud. Según el proyecto, al que solo le resta un debate en plenaria del Senado, las personas que no afecten su póliza, recibirán un descuento del 5 % anual, que aumentará hasta un 10 %.
También se crea el llamado‘seguro de latas’, que cubriría la reparación o parte de ella en caso de un choque simple. Para Fasecolda, la inclusión de la cobertura de daños materiales significa hacer inviable el Soat: “Sería sujeto de IVA y la tarifa se incrementaría un 19%”, explicó Miguel Gómez, cabeza del gremio.
Esto, dice, obliga a que por la misma bolsa de recursos compitan personas y latas: “No solo se reducirían los recursos para cubrir las atenciones en salud, por los descuentos en la tarifa, sino que, además, se usaría una parte para reparar carros”. Según estimaciones técnicas, adicionar una cobertura de daños costaría $2 billones anuales y no, $179 mil millones, que los congresistas consideran ahorrar limitando las comisiones de intermediación al 5%.
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